El agua es el bien más preciado, el propio ingrediente de la vida, nosotros mismos y todo lo que nos rodea. Es también una fuente de vida que no es inagotable y por eso, debe ser usada y compartida de manera cuidadosa y equitativa. El hecho de que es parte inseperable de la vida, lo convierte en una ocasión “excepcional” de enriquecimiento oportunista para los pocos que lograrán controlarla. La urbanización y la industrialización han supuesto peligros adicionales para el agua: no son pocos los casos de destrucción total de los recursos hídricos y de precariedad de la salud pública.
Las sociedades humanas tradicionalmente han sido opuestas al manejo del agua por agentes privados, por considerarlo un derecho y no un producto. Sin embargo, en tiempos de “crisis”, tanto la imposición del “estado de excepción”, como la represión creciente de personas y de derechos, suprimen las resistencias en beneficio de unos pocos. Esto pasa de manera muy intensa en la Grecia de los memorandos: proyectos que quedaban congelados por años, obstruidos por la propia sociedad, emergen ahora como “necesidad para salir de la crisis”. En realidad, la crisis no es sino el pretexto de las usurpaciones y de las prácticas anticonstitucionales que, en otro caso, nadie se atrevería a proponer públicamente. Como vamos a demostrar a través de nuestra investigación, estas prácticas han sido aplicadas a pequeña escala en nuestro país, llevando a conflictos extremos desde hace décadas. Hoy, de manera formal y con la represión necesaria, los gobiernos griegos se preparan a entregar el agua de Grecia al control de las empresas, nativas y multinacionales, aunque la experiencia internacional advierte que no lo hicieran. Era de esperar: en todo el mundo, donde el FMI “rescató” a algún país, exigió privatizaciones masivas en cambio.